
Esta normativa obliga a quienes hayan provocado daños al medio ambiente, de forma intencionada o no, a repararlos, es decir, a devolver los recursos naturales al estado original en que se encontraban antes de la agresión.
Los responsables del daño no podrán sustituirlo por compensaciones económicas, y además tanto las acciones de prevención como las destinadas a cubrir los perjuicios ocasionados se deberán ejecutar de forma inmediata.
Al objeto de que las empresas dispongan de recursos económicos para hacer frente a su responsabilidad, la nueva ley les exige una garantía financiera (un seguro o un aval bancario) que se irá introduciendo de forma gradual a partir del año 2010.
Se prevé además la creación de un Fondo Estatal para reparar los daños ambientales que se puedan producir en el dominio público estatal cuando no se pueda aplicar la nueva legislación.
El Congreso aprobó también una enmienda a la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, por la cual el impuesto de matriculación subirá para los vehículos que emitan mayores cantidades de dióxido de carbono (CO2).